San Francisco Xochicuautla

Nuestro territorio, nuestros bosques y el agua no tienen precio.
Estamos defendiendo nuestro territorio; pero también estamos defendiendo los bosques y el agua, que son el patrimonio de mucha gente.
En voz de los colectivos y activistas

No hace mucho llegaron los pobladores de San Francisco Xochicuautla a la Cineteca Nacional acompañados por el colectivo “más de 131” y algunos activistas. La misión era (y es) hacer evidente el despojo que sufren los pobladores de la comunidad indígena otomí a manos de una constructora que cuenta con el auspicio del Gobierno federal y del Estado de México. La empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan), es la encargada de construir la carretera Toluca-Naucalpan, además de formar parte de grupo Higa, cuyo dueño es Armando Hinojosa Cantú, contratista privilegiado por el Gobierno federal y cercano a Enrique Peña Nieto.

En las imágenes del documental que fue grabado por el colectivo “más de 131”, queda de manifiesto que no se trata solamente de la pérdida de hectáreas de terreno, sino de la pérdida del pasado, de la historia, de los usos y costumbres de una comunidad originaria. Hay que resaltar que para las comunidades indígenas, la naturaleza, como su entorno, forman parte de su cosmogonía. El medio ambiente es visto como un aliado, como un miembro más de la comunidad que les provee bienestar, por eso es de suma importancia defender el territorio otomí, ubicado en el municipio de Lerma, en el Estado de México.

Todos los que están involucrados de manera directa en la defensa del territorio otomí, en contra de la construcción de la autopista, manifiestan que “la lucha de Xochicuautla no tiene un par de meses; tiene nueve años, ya”, donde “el decreto expropiatorio incurre en una mentira flagrante al sostener que la comunidad fue notificada a través del comisariado”, lo cual es refutado por los testimonios de los habitantes que se muestran en el video proyectado y en la voz de los colectivos y activistas: “De acuerdo con las leyes y los Tratados Internacionales, como la propia Constitución Mexicana, debería ser preferente el derecho de la comunidad por encima del comisariado de bienes comunales y de aquellos que aceptaron la venta de los terrenos, porque es una comunidad indígena, y paradójicamente eso sí lo reconoce el decreto expropiatorio”.

“El decreto dice de manera textual que simplemente las tierras pasan a posesión del sistema de autopistas del Estado de México y del grupo HIGA, porque ya están ocupadas. Siendo que antes del decreto expropiatorio, esto es una ocupación ilegal de las tierras de Xochicuautla, por lo tanto, el decreto expropiatorio está legalizando un despojo criminal de las tierras de uso común de la comunidad. Lo que está haciendo Enrique Peña Nieto con el decreto expropiatorio no es más que legalizar el robo; el robo para la empresa llamada grupo HIGA”, manifestaron los activistas.

Además, Rosario Robles, la nueva cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien sustituyó a Murillo Karam en el cargo, “emitió un estudio favorable a la construcción del proyecto carretero sólo un día antes del decreto expropiatorio. ¿Cómo pudieron haber conocido los compañeros de la comunidad de Xochicuautla ese estudio favorable a la expropiación, si sólo se publicó un día antes? Además, para realizar el proceso de expropiación, la SEDATU tenía que presentar una serie de documentos que probaran que era viable la expropiación en términos jurídicos. La expropiación se hizo faltando numerosos documentos para llevarla a cabo”.

El micrófono iba de mano en mano en el espacio dedicado a las preguntas de los asistentes al mitin. Por medio de este espacio se supo que hace sesenta años comenzó a operar el sistema Lerma, que es la batería de más de 200 pozos de agua de los cuales se extrae al menos el 30% del líquido vital que se consume en la Ciudad de México: “Durante sesenta años, Xochicuautla ha conservado los bosques de los cuales sale el agua que consumimos aquí en la Ciudad de   México, y los que vivimos en la ciudad tenemos una deuda moral con Xochicuautla”, argumentaron.

En el comienzo de la construcción de la autopista se han deforestado miles de árboles, lo que en no mucho tiempo se traducirá en problemas ambientales en la región y problemas de suministro de agua para el Distrito Federal y otras zonas que aprovechan la riqueza natural de Xochicuautla.

Hay que recordar que para que un manto acuífero se nutra, necesita de escurrimientos superficiales como arroyos o ríos, que en su camino cotidiano donan una pequeña porción de su cauce a través de los estratos porosos de suelo, generando un proceso conocido como infiltración. Otra de las formas en que las aguas subterráneas subsisten es por medio de la vegetación de la superficie que las encapsula: a mayor vegetación en la zona, mayor será el volumen de agua retenida o captada, pues ésta retrasa o disminuye la velocidad del flujo de la precipitación. Los almacenadores naturales también juegan un papel importante para que el proceso de infiltración ocurra con mayor frecuencia y en mayores cantidades; el caso más notorio es la presencia de lagos o lagunas. La infiltración del agua en suelos arcillosos es superior a la de suelos rocosos, de esta forma, el tipo de suelo donde se asientan los factores antes mencionados, al igual que las condiciones meteorológicas y el “uso del suelo”, son vitales para que los mantos acuíferos subsistan.

En voz de los pobladores
Al terminar la reunión, los habitantes de San Francisco Xochicuautla atendieron amablemente a una pequeña entrevista con Cronopio:

–Se escuchó en el documental y en las voces de los activistas que la defensa del territorio comenzó hace nueve años, ¿qué acciones ha tomado la comunidad desde entonces?

–Desde hace nueve años comenzamos a tomar acciones como el realizar asambleas generales por usos y costumbres; somos una comunidad indígena, entonces la comunidad dijo que ese proyecto no podía pasar.

Analizamos la devastación y el desastre ambiental, la afectación a los mantos acuíferos. Es un área natural protegida; tiene categoría de santuario del agua. Los mismos decretos dicen que es una zona que absorbe mucha agua. Como decíamos hace un rato, nuestros bosques suministran agua al Distrito Federal y al Valle de Toluca. Analizando todo esto, la comunidad dijo que (el proyecto carretero) no podía pasar. El Gobierno, al darse cuenta de que no iban a poder pasar por la forma de gobernarnos (su apego a los usos y costumbres), por la forma de decidir lo que le conviene a la comunidad por medio de nuestras asambleas, implementan el padrón agrario, y el padrón agrario, obviamente, se regula por la ley agraria. A nosotros nos queda bien claro: la ley agraria la han usado para legalizar los despojos a las comunidades indígenas y campesinas; la tuercen como ellos quieren, hacen reuniones como ellos quieren, asambleas que no reúnen los requisitos de fondo que marca la misma ley para apropiarse de los territorios. (…) Es ahí donde nos damos cuenta de cómo se tuerce la ley, cómo ocupan esa ley para despojar a las comunidades indígenas.

–¿Han sostenido alguna reunión con el Gobierno y Fuerzas Federales, o con el Gobierno y Fuerzas Estatales?

–Desde que se inicia el padrón de comuneros, sitian a la comunidad cientos de policías, granaderos, policías antimotines, algunos fuertemente armados, policías ministeriales… Lejos de tener un diálogo, ha habido represión hacia la comunidad; han sido detenidos hasta la fecha veintidós compañeros nuestros. Se han violentado los derechos humanos, los derechos indígenas. Se han metido con niños, con mujeres.

No ha habido un diálogo, porque realmente nosotros, la gente, hemos protestado pacíficamente; no hemos caído en las provocaciones, porque la policía, el gobierno, lo primero que quiere es provocar para conseguir una agresión que pueda dar la detención de varios o algunos de nosotros. Son intimidaciones, persecuciones en cada asamblea de comuneros. Afuera de las casa de alguno de nosotros, hay dos o tres automóviles particulares sin placas con gente dentro, y que nosotros nos hemos dado cuenta y los hemos ubicado; son personal del Gobierno del estado, policías ministeriales que están ahí hostigándonos, que están intimidando. Hay muchas formas de cómo ellos han intimidado a la población.

No hay diálogo, no habido diálogo ni con el mismo Gobierno. El Gobierno ha tratado de dialogar solamente con algunos de nosotros. Nos citan y dicen: “A ver… queremos platicar contigo, queremos platicar en un restaurante, vamos a ponernos de acuerdo…”.

O sea, la idea es cooptar a algunos de nosotros. Nos hemos mantenido firmes: nuestro territorio no tiene precio; nuestros bosques no tienen precio; el agua no tiene precio. Lo que hemos dicho siempre: “Es cierto: estamos defendiendo nuestro territorio; pero también estamos defendiendo los bosques y el agua que son el patrimonio de mucha gente”.

–¿Cómo se encuentran sus compañeros detenidos? ¿Están bien?

–Sí, ya. La primera detención fue el 14 de mayo del 2013, y la segunda donde detuvieron a catorce compañeros, siete hombres, siete mujeres, la mayoría eran adultos mayores. El día 3 de noviembre del 2014 vuelven a detener a ocho compañeros nuestros, ahí detienen a dos señoras mayores de edad, una de 76 años. Los han dejado libres. A los catorce compañeros los dejaron libres; a los ocho los dejaron libres por no encontrar pruebas, pero la “carpeta” sigue abierta. No hay delito, sin embargo la “carpeta” sigue abierta.

–¿Qué otras comunidades están participando con ustedes?

–Desde que iniciamos la lucha fuimos analizando, fuimos platicando con gente de otros pueblos, y nosotros sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Nos pidieron hacer un frente, y llegó el momento en que hicimos un frente de pueblos indígenas donde participan varias comunidades de la región, concretamente tres que son las que también están afectadas por este proyecto carretero, pero son bastantes comunidades, entre veinticinco, treinta comunidades, la mayoría indígenas.

Posdata
El colectivo “más de 131” nos hizo saber que durante el mandato de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, a la comunidad de Xochicuautla les fueron expropiadas alrededor de cuarenta hectáreas de sus bosques para la construcción de esta carretera; además, que la concesión al grupo Higa para la consecución de dicho proyecto, está dada desde aquellos tiempos, cuando Gerardo Ruiz Esparza fungía como Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México.

El mismo colectivo nos dijo que la última manifestación que cubrió el fotoperiodista Rubén Espinoza (qepd), dos o tres días antes de ser asesinado, estuvo relacionada con la comunidad de Xochicuautla. Los pobladores de Xochicuautla, durante el mitin, pidieron justicia para aquellos que hacen bien su trabajo, para aquellos que informan de manera correcta a la sociedad, en clara alusión a Rubén.