Cronopio.MX Periodismo Cultural
En los 214 días que permaneció encarcelado en Panamá, el exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, no sólo logró perder 20 kilos de su robusta figura sino también “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República, que ignoró en su imputación los delitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal en 115 por ciento durante su mandato, desvío más de 1,464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La acusación de la PGR en su contra sostiene que esos 22 predios que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares y a una red de “prestanombres” y amigos, con precios por debajo de su valor real. El precio de remate fue de 238 millones 790 mil pesos, aunque su valor real era de 1, 138 millones de pesos, por lo tanto, el quebranto se calcula en 900 millones de pesos.
Una de las beneficiarias de esta red fue la propia madre del ex gobernador, María Rosa Angulo Castilla, quien adquirió dos terrenos en la isla de Cozumel, de 116 mil 196 metros cuadrados cuadrados a un precio inferior de su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, serían el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal de Quintana Roo le imputa diversos ilícitos a Borges que sumarían un daño patrimonial al erario por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio de 2017, el ex gobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Angel Pech, admitió el 4 de enero que sería difícil trasladarlo a la entidad, pero que estarían “pendientes” de las carpetas de investigación en contra de Roberto Borge para buscar que pague el daño al erario estatal por más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, en un caso muy similar al del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, la PGR no le está imputando ningún delito electoral a Roberto Borge, a pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) dejó desde agosto de 2017 muy avanzada la investigación en contra del ex gobernador, del ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, y de ex dirigente del PRI estatal Raymundo King, por presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016 para destinarlos a la campaña del candidato tricolor Mauricio Góngora Escalante.
Delincuencia Electoral
Desde junio de 2016, la FEPADE inició una carpeta de investigación a raíz de la denuncia presentada por el ex presidente del PRD, Agustín Basave Benítez, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar al candidato del PRI, Mauricio Góngora.
En las oficinas del CEN del PRD se recibieron 9 copias simples de igual número de recibos, en donde se consignó como emitente a Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Sefiplan, y como receptor al ex candidato a gobernador Mauricio Góngora Escalante, por un total de 201 millones de pesos.
La secuencia de las firmas de recibido fue la siguiente: 7 de marzo de 2016, la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo le dio un cheque por 50 millones de pesos; el 18 de marzo otro recibo firmado por Góngora Escalante por 35 millones de pesos; el 31 de marzo, uno más por 20 millones de pesos; el 8 de abril por 20 millones de pesos; 14 de abril otro por 30 millones; el 18 de abril un recibo por 8 millones; el 22 de abril otro recibo por 5 millones; el 28 de abril uno por 22 millones y el 6 de mayo fue el último registrado por 11 millones de pesos.
El PRD no sólo entregó copias a la FEPADE de estos recibos sino también originales a la delegación de la PGR en Quintana Roo, desde el 25 de mayo de 2017, según consta en el expediente. La entrega de estos “nueve recibos en formato original” se hizo a la dirección general de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de Quintana Roo.
El mismo día, la FEPADE solicitó a la dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE que informara si durante las elecciones estatales de Quintana Roo se presentaron quejas contra Mauricio Góngora o si inició algún procedimiento en contra del candidato priista por la omisión de rendir cuentas o entregar informes.
El INE respondió que existían tres quejas contra el candidato priista y ex colaborador de Roberto Borge, pero que “todas se encuentran concluidas” y “no se inició ningún procedimiento en contra de Mauricio Góngora Escalante”.
En otras palabras, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pasó por alto el ingreso de más de 200 millones de pesos a la campaña del aspirante priista, lo que implicaría el rebase del tope de gastos.
El 31 de agosto de 2017, el perito en grafoscopía Oscar Godoy González analizó las firmas de Góngora Escalante en los recibos en poder de la FEPADE y concluyó que “por su origen gráfico sí corresponden por su ejecución” al ex candidato priista a la gubernatura.
Hasta el 17 de octubre del año pasado, ni la FEPADE ni la PGR habían acusado a Borge por su presunta complicidad en este caso de peculado electoral.
El actual titular de Sefiplan de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, colaborador del gobierno de Carlos Joaquín, admitió ante la FEPADE que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde junio del año pasado Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Organos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía quintanarroense, afirmó que los más de 200 millones de pesos desviados a la campaña de Mauricio Góngora debieron ser utilizados para la realización de obra pública y no para el PRI.
