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El sistema de justicia penal mexicano “no puede basarse sólo en la confesión de los inculpados porque es un mecanismo perverso” que lleva a la tortura y a favorecer la “historia oficial” de los casos, destacaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al sostener un encuentro con senadores para presentar su informe y hacer sugerencias para las leyes contra la desaparición forzada y contra la tortura que deberán ser aprobadas en el Senado mexicano.
En el encuentro sostenido en el recinto de la Comisión Permanente, los expertos expresaron su preocupación por la situación de las víctimas, cuestionaron la falta de mecanismos para “recuperar la confianza” y subrayaron que el problema más grave es la actual “incertidumbre” en torno a la investigación de los sucesos de Iguala, del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“La declaración extrajudicial está prohibida en otros países”, afirmó Claudia Paz, quien relató que el 80 por ciento de los detenidos en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala presentaron lesiones, de estos, en 17 “hay evidencias de tortura”, incluyendo a los 5 principales presuntos sicarios de Guerreros Unidos, cuyas “confesiones” sirvieron para construir la versión de la incineración en el basurero de Cocula.
En su participación, Carlos Beristain, integrante del GIEI, subrayó que el problema más importante que dejan el caso de Ayotzinapa es “la pérdida de confianza” entre el gobierno y las víctimas.
“Esto nos preocupa mucho. ¿Qué mecanismos se van a articular para recuperar esa confianza?”, se preguntó Beristain. En respuesta a la pregunta del senador Manuel Bartlett, del PT, el integrante del GIEI aclaró que el mandato de ellos ya culminó y que aún está pendiente cuáles serán las “medidas cautelares” que acordarán el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El caso va a perseguir a México muchos años. No depende de un gobierno ni de un sexenio. Lo más reparador para las víctimas de desaparición forzada es saber qué pasó con sus familiares y después se discuten otros temas sobre reparación”, sentenció Beristain.
Por su parte, Francisco Cox Vial sugirió que se avance en el sistema acusatorio que sustituya al actual sistema inquisitivo que hace más complicada la administración de la justicia en México. Sugirió que los servicios periciales “deben ser autónomos y no depender de la PGR”, porque “se crean los incentivos para avalar la teoría del ministerio público”.
En respuesta a la pregunta de la senadora Dolores Padierna, del PRD, sobre la hipótesis del quinto autobús, Angela Buitrago, repitió la explicación existente en el primer y segundo informe del GIEI.
“La línea del quinto autobús no se ha agotado. Es necesario mantenerla como línea de investigación porque esa hipótesis podría ser una explicación del ataque masivo” del que fueron objeto los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El encuentro fue encabezado por la senadora del PRD, Angelica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y en la que sólo estuvieron presentes dos legisladores del PRI, el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros y la senadora Diva Gastélum, quienes no hicieron ninguna pregunta o comentario público.
