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U na intensa operación de cabildeo de los gobernadores del PRI y del PAN, así como una presión directa de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Los Pinos arreció esta semana en el Senado de la República para que la Ley de Seguridad Interior, aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del 15 de diciembre.
“Nos van dar el Guadalupanazo, como en la reforma energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna, recordando que el 12 de diciembre de 2013 se aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.
De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” y para “poder escuchar todas las voces”.
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Alvarez Gándara fue muy duro y crítico con la ley porque “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. “Esta ley no debe prosperar”, sentenció en medio del aplauso generalizado.
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicotencatl, en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de la ex secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
El sábado 9 en la mañana, mediante un escueto comunicado, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda determinaron posponer la cita del lunes 11 de diciembre con el objetivo de “atender el exhorto” del Ejecutivo federal para ampliar el diálogo.
Oposición generalizada
La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo por gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecno.
El colectivo “Seguridad sin Guerra”, formado por 270 organizaciones civiles se presentó el martes 5 en el Senado para argumentar en contra de esta ley ante la Junta de Coordinación Política. La analista Denise Dresser acusó a “un manojo” de senadores del PRI, Verde y “los llamados rebeldes del PAN” de preparar “el equivalente a un autogolpe militar”. Ese mismo día, a las afueras del recinto del Senado, cientos de activistas y seguidores de Gerardo Fernández Noroña bloquearon los accesos al edificio de Insurgentes y Avenida Reforma en protesta por la ley.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se enfrentó en sesión pública del Senado al general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa, y demandó que no se apruebe la iniciativa.
“Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las fuerzas armadas de inmediato, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”, reprochó Jarab.
El general Ramos Flores le contestó, como si fuera vocero de los senadores, que “la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas como último recurso”. “De dónde resulta ahora la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas?”, cuestionó el representante jurídico del ejército.
También han sido desestimadas las observaciones de la Coparmex, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de colectivos de abogados y especialistas en derecho, y hasta de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).
El jueves 7 de diciembre, Gil Zuarth prácticamente humilló al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quien acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado para argumentar en contra del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior que clasifica como “de seguridad nacional” la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley y la reserva hasta por 20 años.
Gil Zuarth negó que la Ley de Seguridad Interior desplace al régimen jurídico de transparencia porque lo aprobado en la Cámara de Diputados “no es un islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano” y tampoco desplaza la aplicación de otras normas.
Débil, intimidado por Gil Zuarth y también por el general Ramos Flores presente en la reunión, Acuña aceptó que la posición del INAI se subsanaría si “en el exordio o en la exposición de motivos sería francamente conveniente, aunque fuera tautológico” se dijera que no afectaba el principio de máxima publicidad.
“Yo creo que con eso se atendería y mucho la preocupación que a nosotros nos hace venir hoy aquí”, remató el comisionado presidente del INAI, para sorpresa de los propios reporteros presentes.
Su posición provocó que un grupo de senadores opositores a la ley le demandaran al INAI aclarar su posición y expresaron su “extrañeza” ante la “aquiescencia” de Acuña. El comunicado fue firmado por los senadores panistas Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, así como por Alejandro Encinas, independiente, y por Zoe Robledo, del bloque PT-Morena.
Al cabildeo y a la presión pública también se incorporó el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, quien rechazó que esta ley se traduzca en una militarización del país. El ex priista y ahora mandatario por la coalición PAN-PRD defendió el nuevo ordenamiento ante los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Yunes ha presionado a senadores panistas de Veracruz y otras entidades para que apoyen la ley.
El propio Gil Zuarth viajó a Tamaulipas para sostener una reunión con el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y convencerlo de que apoye también esta nueva ley, a pesar del incremento de la violencia en esta entidad, aún con la presencia de soldados y marinos en funciones policiacas.
Durante la reunión que sostuvieron los representantes del colectivo Seguridad Sin Guerra con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, con el coordinador del PRD, Luis Sánchez, y con el senador Ernesto Gándara Camou, también del PRI, no se llegó a ningún mecanismo de diálogo o consulta.
Herrera Anzaldo, del PRI, les comentó a los representantes ciudadanos que también van a escuchar a gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades que “están a favor” de la Ley de Seguridad Interior.
