Lo de Moreira, preocupa

Paradójico esto que le pasa al Presidente Enrique Peña Nieto: de donde le llegan los tan ansiados reconocimientos -ya, por sus reformas estructurales; ya, porque atrapó al Chapo-, es del extranjero. Pero es también allende las fronteras, de donde provienen negros presagios, malos augurios, el tan temido desprestigio.

Lo sucedido en España el fin de semana último plantea la certeza que no todos fuera del país le quieren; no todos se tragan la propaganda de que está moviendo a México. Y, ciertamente, que le tienen documentado abusos, engaños, omisiones, simulaciones, promesas incumplidas. La detención de Humberto Moreira Valdés no es poca cosa.
Y no lo es porque, comparado precisamente con el Chapo Guzmán, el ex presidente nacional del PRI resulta apenas un raterillo de poca monta; pero el peso de su detención radica en que se trata de un testigo clave; de alguien que habría de dar las pistas, por ejemplo, del origen del financiamiento con que Peña Nieto ganó la Presidencia.

Tiene mucho significado que el gobierno mexicano, el propio Moreira Valdés e incluso el Partido Revolucionario Institucional nada supieran y ni siquiera imaginaran que se le investigaba; menos que las acusaciones fueran por delitos tan graves como lavado de dinero, asociación delictuosa y malversación de fondos públicos.

Igualmente significativo es que la indagatoria la llevaran a cabo agencias estadunidenses y españolas, las cuales dejaron en claro que para nada confiaron en la justicia del régimen peñanietista: sólo de esa manera se explica  que ni una palabra dijeran de las pesquisas a sus contrapartes del Estado mexicano.

Así las cosas, las dos espectaculares detenciones de los últimos días, no parecen desvinculadas una de otra y, antes bien, habrían de ser piezas que completarían un rompecabezas.

De una parte, la detención de Joaquín Guzmán Loera es importante para el régimen de Peña Nieto porque así su gobierno no solamente tiene el control de la información relativa a las cadenas de corrupción que el narcotraficante ha creado precisamente dentro de su aparato gubernamental.

El Presidente de la República, al mismo tiempo, tiene también para sí información similar, pero de las redes de complicidad que el capo sinaloense ha tejido con funcionarios del gobierno estadunidense y que le han permitido penetrar y distribuir droga en el vecino país del norte, durante décadas.

Es precisamente por esto último que a la administración del Presidente Obama le interesa la pronta extradición del Chapo, algo respecto de lo cual, empero, el gobierno mexicano ya ha dado muestras de que esa ruta, si la transita, lo hará con pies de plomo.

En este punto es precisamente cuando, sin aviso alguno, la justicia española –apoyada por las investigaciones de agentes estadunidenses-, proceden a la captura de Moreira Valdez y ocasionan una marcada arruga de preocupación en el ceño del sistema político que aún controla el PRI.

En resumen: el buen punto que el Presidente Peña Nieto había conseguido con la detención de Guzmán Loera, queda anulado con la otra detención, la de Moreira Valdez.
Lo grave es que este punto en contra, no solamente lo es en términos propagandísticos o de imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino, sobre todo, en términos de la eventual debilidad política que resultaría del desprestigio de no haber procedido contra un delincuente, del que eventualmente, además, resultaría cómplice.

Ciertamente que poderosos intereses extranjeros no han necesitado hasta ahora de la debilidad política del Presidente mexicano para invadir, con todas las ventajas, mercados como el de la energía –petróleo, electricidad y fuentes alternas-; de las telecomunicaciones y la construcción de infraestructura e incluso, del edén de la especulación que es el mercado bursátil mexicano.

Han requerido, cuando mucho, de la simpatía del mandatario, que acaso los vea como salvadores de la reactivación del anhelado crecimiento económico el cual, sin embargo, lejos está de significar la justa repartición de la riqueza.

Está cerca, eso si, de la injusta acumulación del capital, cuya mayor proporción sería para los inversionistas extranjeros; una parte algo menor para funcionarios del gobierno mexicano –por la vía de la discrecionalidad para el sostenimiento de privilegios, desde luego- y quizás una mayor disponibilidad de migajas para repartir pobreza a través de programas sociales y hacer como que se gobierna.

Con todo, el peligro por venir, derivado de un eventual debilitamiento de la figura presidencial en el plano internacional, habría de advertirse en negociaciones que por alguna emergencia el país tuviera que enfrentar.

Y en ese sentido habrá que tomar en cuenta las recientes advertencias de Carstens…