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E l dato es brutal y directo: de 23 encuestas levantadas y difundidas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 3 de marzo de 2018, en ninguna aparece el candidato priista José Antonio Meade en primer lugar y sólo en 5 el penta secretario figura en segunda posición, muy lejos del morenista Andrés Manuel López Obrador y en otras 5 está en “empate técnico” con el panista Ricardo Anaya.
Peor aún: la cacería de la PGR en contra de Ricardo Anaya no ha ayudado en nada a Meade durante las tres últimas semanas. El único beneficiado es López Obrador que consolidó su ventaja de dos dígitos ante el queretano con diferencias entre 17 y 16 puntos porcentuales, según los sondeos de Ipsos y de Parametría, respectivamente, divulgados el 1 y 3 de marzo.
El sábado pasado, en Guadalajara, Meade vivió en carne propia lo que significa una mala planeación de su campaña y su falta de conexión y carisma. Su visita al estadio Omnilife, sede del “rebaño sagrado” de Las Chivas, trascendió no por lo que dijo, sino por las rechiflas y gritos de “¡Fuera, fuera!”, ante un impávido Jorge Vergara. Hasta ahora, éste ha sido el peor momento de su campaña, apenas disimulada en los medios impresos y electrónicos, pero ampliamente difundida en las redes sociales.
Apenas dos días antes, Meade vivió las mieles del elogio y el aplauso entre la comunidad de los banqueros mexicanos. No era para menos. Si un sector ha sido beneficiado al grado de la ilegalidad en este sexenio, éste es el de los bancos privados mexicanos. En estos seis años han tenido ganancias históricas. Tan sólo en 2017, Bancomer registró ganancias por 45 mil millones de pesos. Como ex secretario de Hacienda, Meade les dio todo y su antecesor Luis Videgaray los encumbró más.
El fervor de los banqueros por Meade es contrastante con la ausencia de ruta y de apoyo social en su campaña presidencial. Frente a esta desesperación, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el propio equipo de José Antonio Meade “soltaron al tigre”. Es decir, hacen lo único que les queda como instrumento de poder en estos momentos: lanzar una campaña mediática grotesca contra López Obrador acusándolo de “amenazar” con generar violencia social (una vez más, la estrategia del miedo) y perseguir a Ricardo Anaya acusándolo de triangulación de fondos privados y de hacer negocios con “empresas fantasmas”. ¡Y lo dice Meade! El ex secretario de Desarrollo Social que nunca supo, nunca vio, nunca sancionó a la red de más de 80 empresas fantasmas de la “Estafa Maestra”.
El lunes 12 de marzo, el PRI dio un salto cualitativo en su guerra contra Anaya. Un auténtico “salto del tigre” que puede resultar un peligroso boomerang. La secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu acudió a la OEA y acusó a Ricardo Anaya ante el organismo interamericano de mentir para “presionar e inhibir” a las instituciones de procuración de justicia mexicanas.
“Su actitud ha sido la de evadir la rendición de cuentas y crear una distracción mediática para construir una falsa imagen de víctima; que le permita eludir su obligación de rendir cuentas ante la ley y también ante los mexicanos, a quienes ahora defrauda con su deshonestidad política, intelectual y patrimonial”, afirmó Ruiz Massieu.
¿Se da cuenta la ex canciller de lo que está haciendo? ¿Están abriendo las compuertas los propios priistas a la injerencia abierta y franca de la OEA en las elecciones presidenciales del 2018? ¿No les bastó el error histórico de Peña Nieto de recibir en agosto de 2016 a Donald Trump, entonces candidato republicano, como si fuera jefe de Estado en Los Pinos? ¿Están dispuestos a la intervención de la OEA en los procesos judiciales internos en plena campaña electoral? ¿A quién pretenden engañar con esta estratagema?
Si Freud fuera analista político definiría el caso del PRI y de José Antonio Meade como un caso patológico de transferencia: acusan a Anaya de lo que ellos han aplicado con exceso e impudicia durante este sexenio. Responsabilizan a López Obrador de una furia social que ellos generaron en este gobierno.
La desesperación peñista se produce días antes de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realice su informe sobre la situación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Es el gobierno de Peña Nieto y la PGR los que estarán en el banquillo de los acusados.
La “indignación” del PRI ante las truculencias de Anaya o las advertencias de López Obrador sólo puede interpretarse como un gran ejercicio de simulación en los momentos más oscuros del final del peñismo.
