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Desde 1940, año en que el gobierno de México decidió derogar el Reglamento de Toxicomanía por presiones del gobierno de Estados Unidos, no se había vuelto a dar un debate nacional y con claro impacto internacional sobre el uso y consumo de la mariguana, planta de amplios y variados consumos en nuestro país mucho antes de que La Cucaracha ya no podía caminar.
Aquel reglamento establecía que “las adicciones deben ser entendidas como una enfermedad y ser tratadas y curadas, no tanto como un acto criminal que debía ser castigado totalmente”. Desde entonces, la criminalización y la penalización prevaleció por encima del enfoque de salud pública, hasta llegar a los últimos 20 años de militarización y guerra contra los cárteles de la droga que han afectado más a la población civil que a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La ruta reciente de este debate que ya alcanzó las páginas de los periódicos internacionales, de las agencias informativas y de las redes sociales le debe buena parte del interés a la causa de la niña Grace Elizalde, de ocho años, que padece el síndrome Lennox Gastaut, un padecimiento que le provoca hasta 400 ataques epilépticos.
Sus padres y organizaciones civiles emprendieron una exitosa campaña en redes sociales que se denominó #PorGrace para permitir que pudiera consumir la mariguana para su tratamiento. Un juez federal le otorgó el amparo el 19 de agosto de este año y el pasado 21 de octubre la Cofepris tuvo que autorizar el tratamiento a base de la planta prohibida en México.
El verdadero salto cualitativo se generó el 4 de noviembre cuando los cuatro integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) lograron lo increíble hasta hace unos años: que la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia les concediera el amparo para consumo de la mariguana.
“Clavamos el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo”, afirmó Juan Francisco Torres Landa, integrante y vocero de SMART.
Los medios internacionales voltearon hacia México. Por primera vez en décadas, la noticia proveniente de nuestro país no eran los descabezamientos, las fugas de capos, los enfrentamientos o masacres derivadas del narcotráfico sino la decisión del máximo tribunal para abrir las compuertas a un mecanismo de despenalización por la vía del amparo.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del proyecto que le otorgó el amparo a los primeros cuatro ciudadanos, advirtió que es necesario “superar el parternalismo prohibicionista del Estado”.
“La Corte ha dicho que no puede haber una prohibición absoluta al consumo, es inconstitucional. Esta determinación tiene que ser el eje y cambia el paradigma sobre el cual estaba el tema de las drogas. Estaba en términos de salud y de seguridad, pero hoy el eje rector son los derechos y la libertad”, subrayó el ministro en entrevista publicada este 11 de noviembre con El País.
“El Estado no tiene la posibilidad de decirnos qué consumimos y qué no consumimos. Toca a los poderes legislativo y ejecutivo fijar los lineamientos para que la eficacia de esta decisión se dé. La Corte sostiene que el uso de mariguana debe regularse. ¿En qué términos? No nos toca a nosotros decirlo, pero eventualmente podríamos determinar si la medida que toman es constitucional o no”, abundó el ministro.
Aquí radica el giro de 180 grados que está detrás de la decisión del máximo tribunal mexicano: por primera vez no son los policías ni los políticos quienes definirán qué está prohibido o qué está permitido en materia de consumo de drogas. Y el primer paso es la mariguana.
Este primer amparo puede generar jurisprudencia con tres casos más que lleguen a la Suprema Corte. Cuando exista jurisprudencia, los jueces tendrían que interpretar el asunto con los lineamientos establecidos por el máximo tribunal.
El “Debate” Controlado
Frente a la inminencia de que existan otros casos similares al del SMART y que se genere esta despenalización por la vía de los derechos humanos, el primer mandatario Enrique Peña Nieto, el PRI en el Senado y el secretario de Gobernación, en un tono más similar al del perdonavidas que a de estadistas decidieron abrir “un debate nacional” sobre el uso y consumo de la mariguana.
El 10 de noviembre, en un mensaje ampliamente proyectado en medios nacionales e internacionales, Peña Nieto admitió con falsa modestia que “no puedo ser dueño único de la verdad” (¿alguien le dijo, acaso, que lo era?) y aunque se mostró “personalmente” en contra del consumo de la mariguana, indicó que el debate permitirá “eventualmente, arribar a otra posición”.
En la misma sintonía, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que su partido “promoverá” este debate.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, definió de manera poco elegante que el debate será “organizado” primero entre especialistas, luego entre legisladores y por último con los ciudadanos.
En fin, el gobierno federal es reactivo, pero no prohibitivo en este tema. Sin embargo, para debatir el consumo y la despenalización de la mariguana no se necesitaba del parternalismo presidencialista sino de abrir las compuertas. Y éstas ya se abrieron.
