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L o que inició como una tímida queja por la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales, aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena-PT-PES en el Congreso, se ha convertido en una de las confrontaciones públicas más importantes e intensas entre integrantes del Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina de este 11 de diciembre, López Obrador volvió a tocar el tema de los altos salarios de los ministros de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, señalando que “sólo Donald Trump gana más que ellos”.
“Seiscientos mil pesos mensuales los ministros, tengo la información. Son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo”, afirmó López Obrador.
El Ejecutivo Federal también admitió que esta polémica es “algo fantástico, extraordinario. Estamos en el terreno de lo inédito” porque antes no se ventilaban estas diferencias de manera pública.
La confrontación escaló desde que el 10 de diciembre los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, interpusieron un recurso de reconsideración a la orden de suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre, ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el 33 por ciento de los senadores (del PRI, PAN, PRD y MC) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.
En paralelo, jueces y magistrados se expresaron públicamente en 25 entidades en una protesta inédita por la disminución de los salarios y por lo que ellos interpretan como un “atentado a la autonomía” y por la “intromisión indebida” de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo frente al Poder Judicial.
El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, salió a declarar que “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de la justicia y permitirán ahorros a los ciudadanos”.
“Sin embargo, esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, sentenció Vega Ramírez, en una protesta pública encabezada en San Lázaro, el lunes 10 de diciembre.
A la polémica se ha sumado también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el consejero electoral Benito Nacif, quienes también cuestionaron el intento de entrometerse en otros poderes y organismos autónomos, bajo lo que ellos consideran un pretexto: los altos salarios. González Pérez, incluso, advirtió que esta polémica y otros temas vulneran “los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”.
El tema de los altos salarios y los excesos en el Poder Judicial siempre quedaron en reportajes, críticas y cuestionamientos aislados, pero nunca se había generado una polémica tan abierta y clara, donde la misma Suprema Corte de Justicia se ha visto obligada a ventilar los sueldos anuales, las primas vacacionales, los aguinaldos, los estímulos de antigüedad y otras prestaciones que no tienen ningún otro servidor público.
Si la percepción pública del Poder Judicial en sus distintos niveles y tribunales fuera favorable entre la sociedad mexicana, habría una movilización de la opinión pública a favor de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, lo que se observa en estos momentos es una profunda indignación de los ciudadanos por los altos salarios que no corresponden con la eficiencia de los impartidores de justicia.
Se vuelven a ventilar excesos que hablan de corrupción al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, ha revivido el tema del nepotismo. En julio de 2017 un informe interno entregado al Consejo de la Judicatura Federal y difundido por el portal Animal Político reveló que existen 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empelo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
El estudio reveló que 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes y que “muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciar el proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”.
Lo más sorprendente es que los propios integrantes del Poder Judicial han sido objeto de coyotes o de abogados que pretenden ganar fuertes honorarios por presentar la serie de amparos, alentados por las versiones de que perderán sus empleos o les bajarán sus salarios hasta los niveles medios, y no sólo los máximos, como plantea la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.
La polémica se ha generado en medio del proceso de sucesión al interior de la Suprema Corte de Justicia. De los 4 aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sólo el ministro Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea ha expresado abiertamente su posición favorable a la austeridad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hoy hizo un llamado a “no caer en provocaciones” al tomar protesta de 30 magistrados de circuito y un juez de distrito. El ministro Alberto Pérez Dayán fue el que dictó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales. Y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha mantenido un perfil muy bajo y en silencio, quizá pensando que es mejor la cautela frente a los vientos huracanados de la cuarta transformación en el Poder Judicial.
