El miedo: ¿destino?

El solo hecho de que la violencia homicida saliera de territorio veracruzano; llegara a la otrora urbe más segura del país, la Ciudad de México; silenciara de nuevo a otro periodista y hasta ahora, cubierta de impenetrable impunidad, se escabullera y –seguro- esté de vuelta cerca de donde gobierna Javier Duarte de Ochoa, es algo que no solo preocupa sino que decididamente obliga a preguntar si tenemos que resignarnos a pasar el resto de nuestras vidas, con miedo.

Porque el hecho no es aislado ni se limita sólo a Veracruz, si bien es esa entidad la que concentra el mayor número de homicidios y atentados contra periodistas y luchadores sociales de los derechos humanos, la mayoría perpetrados en el sexenio actual del tristemente célebre mencionado gobernador priísta.

Veracruz es, en todo caso, el más claro ejemplo del poder y los alcances de la intolerancia que ataviada de violencia, no duda en pasar por encima de leyes; de toda civilidad y consideración humana, para silenciar todo aquello que le resulta incómodo señalamiento o crítica.
Si se considera que el régimen de Javier Duarte ha sido señalado como caza-periodistas por las amenazas cumplidas contra sus críticos dentro del periodismo y la violencia que hacia éstos mismos han ejercido organizaciones criminales, nada raro sería que la exclusividad de la belleza de la entidad, le vaya quedando sólo en lo enunciativo de su famoso dicho popular: “Sólo Veracruz es bello”.

Lo cierto es que, con diferencias de forma, no de fondo, lo mismo ocurre en buena parte del país, igual al norte que en el sur o el centro, de acuerdo a un recuento del portal Animal Político: Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, en Coahuila; Jaime Guadalupe González Domínguez, en Chiuahua; Adrián Silva Moreno, en Puebla y Víctor Manuel Báez Chino, en Sonora, algunos de los casos más conocidos de los años recientes.

Pero sólo Veracruz tiene registrados los casos de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez; Víctor Manuel Báez Chino; Regina Martínez Pérez; Irasema Becerra; Guillermo Luna Varela; Gabriel Hugo Córdova y Esteban Rodríguez, todos ellos también en los últimos años, según el mencionado recuento. Y a todos éstos hay que agregar ahora el del reportero gráfico, Rubén Espinosa Becerril.

Según la organización de derechos humanos Artículo 19, Veracruz continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo; allí se registraron tres asesinatos, que suman ya 18, desde 2000. Y en el primer semestre del año, en esa entidad fueron asesinados Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza. Con nueve casos, Veracruz es el estado que registró más violencia contra mujeres periodistas en el lapso mencionado, según publicó CNN México, que citó un informe de Artículo 19.

A lo anterior hay que sumar la lamentable ineficiencia de corporaciones policiales y de las instituciones encargadas de procurar justicia, ninguna exenta de corrupción y complicidades con la delincuencia organizada, así como las lagunas legales y demás imprecisiones en leyes respectivas, todo lo cual da como resultado no sólo un estado de indefensión sino de abierta agresión –artera e impune- en dos frentes: la que proviene de desleales funcionarios incrustados en las instituciones del Estado y la que despliegan las organizaciones criminales.

Una violencia de la que no escapan, por cierto, dirigentes e integrantes de organizaciones sociales del campo y la ciudad; familiares y amigos cercanos de éstos y de periodistas e incluso ciudadanos comunes que tuvieron el infortunio de pasar o estar en el momento o en el lugar equivocados.

El caso de Espinosa Becerril es claro al respecto: a él lo mataron en su domicilio, en donde también le quitaron la vida a cuatro mujeres, una de ellas, antropóloga y activista pro derechos humanos en Chiapas y Veracruz; una más maquillista, otra de origen colombiano y la última, una empleada doméstica; tanto Espinosa Becerril como la antropóloga y activista –identificada como Nadia Vera- habían denunciado amenazas de muerte de las que responsabilizaron al gobernador, Javier Duarte de Ochoa, quien aún no da respuesta a esas acusaciones.

Al gobernador Duarte le queda un año; hasta el 1 de Diciembre de 2016 gozará de fuero constitucional, es decir, de impunidad; constitucionalmente el gobierno federal nada puede contra la soberanía de Veracruz, lo que equivale a decir que no puede investigar qué ha sucedido en la entidad en cuanto a asesinatos de periodistas. Pero lo más grave es que, por lo que se ve, tampoco tiene voluntad alguna para actuar al respecto.

Al mandatario estatal sólo puede destituirlo el Senado de la República por cuestiones como la ingobernabilidad y en el asunto tendría que participar la Cámara de Diputados. Pero aún en ese caso, Duarte sabe que cuenta con el respaldo –léase complicidad- de la mayoría de su partido para que el tema, pese a su gravedad, no proceda.

Así las cosas, el terreno se ve fértil pero sólo para que germine y prospere el miedo, desde luego sobre una superficie que eficientemente abonan autoritarismo, intolerancia,  complicidades e impunidad, elementos de los que en grandes proporciones disponen los delincuentes disfrazados de gobernantes y representantes populares que se han apropiado de Estado y gobierno.