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U na maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3,100 millones de pesos del erario federal al mexiquense desde la actual administración de Enrique Peña Nieto, fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía Infraiber.
La demanda de hechos, de trece cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada involucra al ex gobernador y actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Finanzas mexiquense y ex secretario de Hacienda Federal, Luis Videgaray, al ex secretario de Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, al ex director de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Avila.
La reconstrucción documentada por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un mecanismo que les permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero sucio’ al financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México, a partir de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el costo fiscal del rescate carretero”.
La historia se origina en 1991 cuando el gobierno del Estado de México supuestamente aportó 50 millones de pesos para la liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería, que “no quedaron incluídos en el sistema fiscal carretero”.
En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fueron considerados como aportaciones “no recuperables” esos 50 millones de pesos, de modo que el gobierno federal no asumió el reembolso de esa cantidad supuestamente aportada para la liberación de los derechos de vía.
El 29 de agosto de ese año, la Secretaría de Hacienda designó a Banobras como agente financiero y mandatario del gobierno federal en relación al rescate carretero. El 31 de agosto de 1997, el gobierno federal otorgó a Banobras, vía la SCT, “la concesión para operar, explotar, conservar y mantener las autopistas carreteras”, incluyendo la autopista Chamapa-Lechería.
Durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, el 21 de marzo de 2007, el entonces secretario de Comunicaciones e Infraestructura mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, presionó al gobierno federal de Felipe Calderón para que “de manera fraudulenta”, recuperaran los 50 millones de pesos.
Mediante el oficio No. 21100000/08/2009, Ruiz Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009 que existía un Convenio de Concertación que preveía una aportación de 50 millones de pesos, “pero que, en realidad, el gobierno del estado habría aportado 125 millones de pesos y que esa cantidad actualizada a la fecha con una tasa de interés de 10.0 puntos reales era de 3,671 millones de pesos”.
Es decir, convirtieron una supuesta deuda de 50 millones de pesos en otra de 3, 671 millones de pesos del erario federal al erario mexiquense. Díez Gargari afirma en su demanda que “la tasa de 10 puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó para llegar a esa cifra fantástica no tiene soporte legal y/o contractual alguno”.
Actualizado a la inflación sería de 234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de pesos al 30 de abril de este año, calculó el experto.
La Ilegalidad con EPN en Los Pinos
Ruiz Esparza no obtuvo respuesta del gobierno federal de Calderón, pero cuando llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, asumió la existencia ficticia de un “convenio de transacción” que versa de “una obligación inexistente (del gobierno federal) y un derecho inexistente (del gobierno del Estado de México)”.
Según Díez Gargari, Peña Nieto, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, Ruiz Esparza en la SCT y Alfredo del Mazo en Banobras diseñaron un “doloso” plan criminal “para crear un vehículo que les permitiera canalizar al gobierno del Estado de México miles de millones de pesos.
“Parte o la totalidad de estos recursos habría podido destinarlos al financiamiento ilegal de las campañas del Estado de México, incluyendo la de Alfredo del Mazo”, afirma Díez.
El Convenio de Transacción obligó a la Secretaría de Hacienda a pagar 3,600 millones de pesos como reembolso. Tan sólo en 2016 habrían pagado al menos 1,600 millones de pesos y el quebranto, al día de hoy, sería superior a los 3,100 millones de pesos.
La documentación aportada por Díez Gargari afirma que utilizaron al Sistema de Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem). El 30 de septiembre de 2016 se ve al cierre del ejercicio el saldo de 1,600 millones de pesos en la cuenta Bancomer 0102614057 del Saascaem.
Estos recursos “no están registrados ni como ingresos ni como disposición de crédito en los estados financieros del Saascaem”.
El 31 de diciembre de 2014 en otra cuenta de Bancomer de Saascaem habían 500 millones de pesos correspondientes al “pago al gobierno del Estado de México del Convenio de Concertación de Acciones en la liberación del derecho de vía, por la construcción de la carretera Venta-Lechería, en su tramo Chamapa-Lechería”. Al año siguiente, al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la misma cuenta Bancomer era de 0 pesos. Los 500 millones de pesos desaparecieron sin dejar rastro.
Para Díez Gargari esta justificación constituye “una auténtica confesión del delito”.
En la Cuenta Pública Federal del 2016, en el apartado del ejercicio de egresos de la SCT, “no se hace referencia al Convenio de Concertación ni al Convenio de Transacción. Simplemente se señala que en ‘subsidios’ se registró un gasto mayor al presupuesto aprobado de 305.9 por ciento, entre otras cosas, al pago de ‘compromisos con el Gobierno del Estado de México, a través de la SCT.
Díez Gargari denuncia a los funcionarios involucrados por ser autores no sólo de “un quebranto multimillonario de la hacienda pública federal (superior a los 3,100 millones de pesos probablemente)” sino también de actuar “de manera deliberada y dolosa para incrementar sustancialmente el costo fiscal del rescate carretero, en perjuicio de todos los mexicanos”.
