Asesinato político, #EselEstado

La región del Valle de Juárez está situada al sureste del municipio de Juárez, al norte del municipio de Guadalupe y sobre el municipio de Praxedis G. Guerrero. Entre sus principales poblaciones están Zaragoza (conurbación de Ciudad Juárez), San Isidro D.B., Loma Blanca, San Agustín, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y El Porvenir.

Como su nombre lo indica, es una región que se convirtió en zona agrícola gracias a la irrigación de aguas del Río Bravo, el cual se halla a la orilla, junto a la frontera con Estados Unidos, convirtiéndose en productora de algodón, principalmente. Este territorio es considerado el único apto en la región para desarrollar la agricultura.

A partir del arribo del Ejército Mexicano a esta zona, en 2008 oficialmente, con el objetivo de combatir el narcotráfico en el lugar, comenzaron los altos índices de violencia asociados a una supuesta “guerra entre cárteles” de la droga que pretendían controlar la región; y a la vez, entre éstos y el Estado, quien pregonaba tener que combatirlos por medio de las armas y de la milicia llevando a cabo funciones civil-policíacas.
Con el correr de los años se ha visto cada vez más claro que la zona representa intereses económicos para empresas transnacionales que buscan explotar el gas seco y el petróleo que alberga el subsuelo del Valle.

El Valle de Juárez también toma relevancia al ser el escenario donde es evidente la persecución y el exterminio de los luchadores sociales. De Guadalupe D.B es la familia Reyes Salazar, de la cual varios de sus integrantes han destacado en la lucha por los derechos humanos. Josefina Reyes y su familia denunciaron clara y contundentemente, desde el primer momento, las prácticas de exterminio y despoblamiento del Valle que el Ejército Mexicano llevó a cabo junto con grupos paramilitares.

Basados en el discurso oficial de combate al narcotráfico, con una campaña constante de criminalización a la protesta social, ya sea por desvirtuarla o por alentar a la población a arropar a los militares en su lucha por la seguridad de la nación, el Ejército instauró un estado de excepción no declarado oficialmente.

Los cateos y retenes, una gran vigilancia y el control de los poblados del Valle, no fueron impedimento para que la violencia asociada al “crimen organizado” aumentara en crueldad e intensidad. De la familia Reyes Salazar fueron asesinados por militares-paramilitares seis miembros, el resto fue obligado a huir después de una serie de ataques más, como el incendio de sus viviendas y pertenencias.

También se observó en la región el fenómeno que acompaña todas las guerras: el desplazamiento forzado; éxodos extraurbanos e interurbanos. De la región del Valle fue obligada a salir más de la mitad de su población. Los medios de comunicación comerciales no informaron cabalmente lo que ocurría, pero en las redes sociales se intentaba romper el cerco de desinformación; en estos espacios circuló, por ejemplo, la alerta sobre un grupo paramilitar que en los últimos días de diciembre del 2011 asoló la población de El Mimbre, llevando a cabo asesinatos, desapariciones e incendiando casas, lo que obligó a sus habitantes a refugiarse en los montes.

Durante el 2012 fue anunciado el descubrimiento de grandes cantidades de gas seco y petróleo en el noreste de Chihuahua, así como el inicio de exploraciones para confirmar y establecer datos más precisos; se trata de una reserva geológica ubicada de lleno en la zona del Valle de Juárez, que se extiende hacia el este del municipio de Samalayuca y al sureste de Ciudad Juárez.

A estas alturas, es más claro que el gobierno Federal no desarrolló ninguna guerra contra el narcotráfico, como aseguró hacerlo, sino que instauró un estado de excepción en las regiones ocupadas militarmente para un despoblamiento sistemático, mediante el uso político del miedo, y así obtener el control económico y social de las mismas, necesario para la explotación y comercialización de los recursos energéticos del país por las grandes compañías petroleras, en su mayoría estadounidenses, incluido el gas shale.   De manera paralela se llevaron a cabo reformas constitucionales en materia energética y política apropiadas para dichos objetivos.

Detrás de los nuevos cárteles del narcotráfico en México están los intereses de un grupo de petroleros texanos que financian grupos narcoparamilitares (estrechamente vinculados a los Zetas) que les permiten adueñarse de territorios con recursos energéticos, mediante el despojo sistemático a los pueblos que de ellos y en ellos viven.

Muchos de estos grupos también se encargan de traficar con hidrocarburos obtenidos de pozos clandestinos o drenando tuberías de Pemex, vendiéndoselos a menor costo a las grandes petroleras texanas.

Muchos de los recursos ambicionados se encuentran en los estados del noroeste, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, éste último gobernado por un asesino vinculado cínicamente a los Zetas, que se ha ensañado con la prensa crítica y honesta y con los activistas sociales que lo denuncian, desapareciéndolos y asesinándolos. Sus últimas víctimas públicas, Nadia Vera y Rubén Espinosa, fueron torturadas y abatidas con un tiro en la cabeza, en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, en una operación que al parecer tomó meses y fue planeada en contubernio con las autoridades corruptas de la capital. Junto con ellos perecieron tres mujeres más, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Virginia Martín, las últimas, al igual que Nadia, torturadas sexualmente antes de ser ultimadas.

Para los gobiernos actuales, en manos de mafiosos y criminales, las consecuencias políticas de sus actos tienen otras implicaciones mucho menores ahora, que tiempo atrás. La lógica de la Guerra que intrínsecamente lleva la muerte, ha logrado normalizar ésta socialmente, y en medio de tanta sangre la derramada por los activistas pasa desapercibida o cuando mucho llega a unas cuantas movilizaciones.

Han desaparecido estudiantes subversivos frente a los ojos del mundo, han vapuleado manifestaciones, han despojado a pueblos enteros de sus tierras, han asesinado y desaparecido a luchadores sociales, han asesinado a periodistas… y lo seguirán haciendo, pues no tenemos cómo enfrentarlos, son ellos y están matándonos. ¿Qué haremos cuando toque nuestro turno?