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L os tres ex gobernadores caracterizados en 2012 como representantes de la “nueva generación del PRI” por el presidente Enrique Peña Nieto –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge- están siendo investigados ahora por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por montos que ascienden a 79 millones, 1,300 millones y 201 millones de pesos, respectivamente, de presunto desvío de recursos públicos a las campañas del tricolor.
No sólo ellos están en la lista de investigaciones de la fiscalía encabezada por Santiago Nieto. Desde el pasado 11 de julio, la FEPADE abrió una carpeta para seguir la pista de, al menos, 1,600 millones de pesos que fueron desviados del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem) a la campaña de Alfredo del Mazo, según confirmaron fuentes de la fiscalía a Proceso.
Este caso involucra a la empresa constructora OHL, así como al Ejecutivo Federal que el 14 de diciembre de 2014 firmó un “convenio de transacción” con el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Avila, para pagar la cantidad de 3,566 millones de pesos por concepto de “indemnización” por el monto original de 50 millones de pesos que aportó la administración mexiquense en 1992 para cubrir el costo de liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería.
El monto de 3,566 millones de pesos fue determinado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuyo director general, entonces, era Alfredo del Mazo Maza, candidato priista a la gubernatura en 2017. El gobierno federal transfirió 1,500 millones de pesos meses antes de la elección del 2015 y 1,600 millones de pesos meses antes de la elección a gobernador a través del Saascaem, sin dejar rastro del ingreso ni del egreso correspondiente.
El pasado 11 de julio, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la denuncia presentada por la organización Ahora, encabezada por el ex ombudsman capitalino Emilio Alvarez Icaza, sobre presunto financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo con el PRI y la empresa OHL coludidos.
Sin embargo, el INE dio vista a la FEPADE , a la Auditoría Superior de la Federación y a las contralorías internas de Banobras y el Estado de México. La FEPADE ha iniciado su investigación, pero se encuentra atorada por la falta de información que debe proporcionar Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Borge, Desvío por 201 mdp
El otro caso de investigación por peculado electoral es contra el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, contra el dirigente estatal priista Raymundo King y contra el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2016 para destinarlos a la campaña del aspirante tricolor Mauricio Góngora.
El pasado 4 de julio, la FEPADE recibió la respuesta del actual secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, al expediente AYD-FEPADE-1778/2017 en el que se solicitó lo siguiente:
“1.-Si de acuerdo al ejercicio de recursos de la dependencia a su cargo, durante el ejercicio fiscal 2016, se ha detectado operación irregular alguna, relacionada con el desvío de recursos públicos, específicamente por el monto de 201 millones de pesos.
“2.-De ser afirmativa la respuesta anterior, señalar la o las personas que posiblemente pudieron haber intervenido en la operación irregular especificada.
“3.-Asimismo, mencione si con relación a lo especificado en los numerales anteriores, se ha dado vista o denunciado ante dependencia alguna de la administración pública local o federal, especificando la fecha de vista o denuncia y la autoridad ante la cual se ha actuado”.
El actual titular de Sefiplan en el gobierno de Carlos Joaquín respondió que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde mediados de junio pasado, Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Organos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía, afirmó que estos más de 200 millones de pesos debieron ser utilizados para la realización de una obra pública, pero, en realidad, fueron desviados a la campaña del aspirante priista a gobernador.
El ex mandatario de Quintana Roo se encuentra detenido en el penal de Panamá, acusado de la venta ilegal de terrenos propiedad de la entidad a precios por debajo de su costo real a una red de ex colaboradores y familiares.
Borge también es señalado por despojo de casas, edificios, departamentos de lujos, terrenos y otras propiedades en contra de empresarios hoteleros y particulares, a través de juicios laborales falsos o amañados con las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. Esta táctica involucra a una extensa red de funcionarios que incluyen al ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, al subsecretario de Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda, al ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima, recién nombrado magistrado por el Congreso local y a una serie de “falsos compradores” entre los que destacan funcionarios municipales y políticos del PRI y del Partido Verde.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad calcula que el daño ocasionado por este tipo de “piratería” institucional asciende a 340 millones de pesos, como mínimo. A esto se agregaría el juicio por presunto peculado electoral que investiga la FEPADE.
