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De nuevo estalla por los aires la violencia, la represión y el estado de venganza que dominan Guerrero. El “retorno del PRI” con Héctor Astudillo como gobernador se inaugura con hechos que han generado una conmoción en medios internacionales.
En menos de quince días, los homicidios han sumado más de 50, incluyendo el episodio de 12 personas asesinadas en el tiroteo de un palenque de Cuajinicualpa, al sur de la entidad, el fin de semana pasado. El baño de sangre pronto encontró la clásica respuesta de la Fiscalía General de Guerrero: se trató de un “enfrentamiento” entre bandas rivales del narcotráfico, presuntamente, entre Los Rojos y Los Ardillos.
“Los nombres de quienes perdieron la vida nos indican que pertenecían a un grupo tenemos indicios de quién es el otro grupo”, afirmó en entrevista radiofónica el fiscal Miguel Angel Godínez.
Una vez más la tesis: no es un Estado fallido, es que los narcos “se matan entre ellos”. La misma línea de argumentación durante el calderonismo y durante el priismo orangután en entidades como Veracruz, Tamaulipas y ahora Guerrero.
Un silencio sepulcral ante la evidencia de nuevas fosas clandestinas en los alrededores de Carrizalillo, donde fueron encontradas 3 con decenas de restos humanos.
La capacidad de conmoción, tras lo sucedido hace un año en Iguala, Guerrero, y la versión del “holocausto al estilo Guerreros Unidos” ha dejado paralizado a la opinión pública.
¿Qué importan si son 3 o decenas de fosas clandestinas? Son hombres y mujeres sin nombre. Son los “desechables” que la línea de confrontación y corrupción dominantes en las autoridades estatales han dejado para los expedientes de la infamia.
Astudillo, el nuevo gobernante estatal, de la mano de Miguel Angel Osorio Chong, el secretario de Gobernación de Peña Nieto y de Aurelio Nuño, el multipromocionado secretario de Educación Pública, ha privilegiado la consigna de “poner orden” en Guerrero, sin importar los derechos humanos, la ola represiva y la criminalización de los movimientos sociales disidentes.
De esta manera, la movilización policiaca y militar se han renovado en contra el paro convocado por la CNTE y de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Se rompió la única regla que mantuvo el inestable gobierno interino de Rogelio Ortega, quien sucedió a Angel Aguirre: frenar la represión durante un año.
Ahora no hay simulación. Se trata de reprimir con todo. De “poner orden”. Y de insistir que los normalistas de Ayotzinapa están vinculados al crimen organizado. De esta manera, se resuelve el problema convertido en escándalo internacional desde la desaparición de los 43 estudiantes: “se matan entre ellos” o “se portan mal” y éstas son las consecuencias.
El 11 de noviembre se generó otro enfrentamiento entre policías estatales, federales y elementos militares contra normalistas acusados de “secuestrar” autobuses y de “robarse” una pipa de gas para trasladarla a Tixtla, el municipio donde tiene su asiento la Escuela Normal Rural.
La represión fue con todo. Las primeras versiones fueron contradictorias. Se habló, incluso, de 50 alumnos desaparecidos. El “parte” oficial señala que hay 10 alumnos detenidos, 20 heridos, más 9 policías heridos.
Una nada discreta operación de troles y cuentas abultadas en redes sociales se generó el miércoles 11 para justificar la represión contra los de Ayotzinapa.
Se insiste en vincular a un grupo de normalistas con alguna de las bandas del crimen organizado en Guerrero. No fue sólo el documental promocionado por Tomás Zerón a través de amanuenses de TV Azteca. Ahora son columnas periodísticas que insisten en criminalizar a las víctimas.
Son ellos, los estudiantes atacados el 26-27 de septiembre de 2014, los responsables, no las autoridades, no las fuerzas policiacas, mucho menos los elementos militares.
De esta manera se ha jodido Guerrero y con esta entidad toda certeza de justicia en el México de la guerra contra la población civil.
