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El largo brazo de la Secretaría de Hacienda y de su titular, Luis Videgaray, ya no se limitará a la definición del pago de derechos y contraprestaciones en materia de telecomunicaciones. También se ampliará hacia todas las licitaciones, prórrogas o refrendos en proyectos de infraestructura de transporte aeroportuario, carretero y servicio ferroviario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretenda concesionar en lo que resta del presente sexenio, de acuerdo con una iniciativa de reformas enviadas a la Cámara de Diputados por el primer mandatario Enrique Peña Nieto, el pasado 7 de septiembre.
La iniciativa para reformar y adicionar las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario le otorgan a la Secretaría encabezada por Videgaray la última palabra en materia de “evaluación de proyectos de inversión, opinión con una perspectiva de análisis financiero”, la determinación de la prórroga o no de una concesión en materia de infraestructura y fijar la contraprestación que los concesionarios deberán pagarle al Estado en materia de transporte.
Según la iniciativa del Ejecutivo Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre, todas las concesiones que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de caminos y puentes, puertos, aeropuertos y servicio ferroviario pasarán por el visto bueno o por la modificación de la Secretaría de Hacienda.
Basta recordar que de los 266 compromisos que firmó Peña Nieto al inicio de su mandato para cumplir a lo largo de su sexenio, un total de 105 dependen de la SCT y 76 son de infraestructura carretera.
El subsecretario de Infraestructura en la SCT, Raúl Murrieta, responsable de las licitaciones más importantes en materia carretera, trabajó bajo las órdenes de Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, durante el gobierno estatal de Peña Nieto y se le considera el “brazo derecho” del actual titular de Hacienda.
Desde antes de esta iniciativa de reformas, Murrieta afirmó que en las licitaciones de infraestructura se hicieron “pruebas piloto” con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que participara en la “sala de concursos”. El SAT, también dependiente de Videgaray, “nos evitará que en lugar de tener 60 participantes en una licitación, tendremos 20, pero serios”, afirmó el subsecretario de Infraestructura en declaraciones a la prensa, el 1 de julio pasado.
La actual iniciativa de reformas de Peña Nieto formaliza la intervención de la Secretaría de Hacienda y desplaza el poder del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, envuelto en varios escándalos desde la suspensión, en noviembre del año pasado, del polémico proyecto del tren México-Querétaro, así como las denuncias recientes en contra de la empresa española OHL, considerada una de las consentidas del gobierno peñista, por las otras empresas competidoras.
También la Secretaría de Hacienda tendrá la última palabra en el paquete de 21 licitaciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo monto rebasará la suma de 169 mil millones de pesos, de los cuales son 127 mil millones para obras específicas de infraestructura de la nueva terminal aérea y 20 mil millones para “obras hidráulicas complementarias”, según anunció Ruiz Esparza el 8 de julio pasado.
La SCT, responsable de los grandes negocios de telecomunicaciones y de la política de Transición Digital Terrestre en este sexenio, aún tiene pendiente culminar el proyecto de entrega de más de 10 millones de televisiones digitales. Según datos de la Oficialía Mayor de la SCT, se han invertido 12 mil millones de pesos para la adquisición de 5.8 millones de aparatos y faltan 11 mil millones de pesos que dependerán del visto bueno de Videgaray. Es decir, un total de 23 mil millones de pesos del presupuesto.
Otro de los proyectos pendientes de la SCT donde la Secretaría de Hacienda será determinante es el despliegue de la llamada Red Compartida, en la banda 700 Mhz, donde se invertirán más de 10 mil millones de pesos.
Sobre este tema, durante su comparecencia ante el Senado, el pasado 7 de octubre, Videgaray fue cuestionado por el senador panista Héctor Larios. El legislador le reprochó que Hacienda hubiera reducido de 20 centavos a 0.2 centavos el pago de derechos en el proyecto de la Red Compartida de la banda 700 Mhz que se licitará en 2016.
Videgaray respondió que los derechos y aprovechamientos, publicados en las prebases, son menores ya que “vendrán acompañadas de obligaciones de cobertura de, al menos, 80%”.
Hacienda tiene la última palabra
La iniciativa de reforma, firmada por Peña Nieto, propone que “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte que pretenda concesionar, la cual deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de recabar su opinión favorable y proceder con el otorgamiento de la concesión o, en su caso, la resolución de la prórroga de la misma”.
“Se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como instancia especializada en la evaluación de proyectos de inversión, emita opinión con una perspectiva de análisis financiero, con el objeto de que en la determinación del otorgamiento del título correspondiente o de su prórroga, se valoren todas las variables económicas y financieras pertinentes que demuestren que éste resulte rentable. De esta manera, se tendría mayor certeza de que el proyecto podrá ejecutarse y que los bienes y servicios públicos concesionados se usarán en forma eficiente”, argumenta la iniciativa.
Se propone que la SCT remita la evaluación de la rentabilidad económica y la documentación e información a la Secretaría de Hacienda. Para “evitar que el procedimiento de opinión favorable genere retraso en el otorgamiento de las concesiones” se establece un plazo de 30 días naturales para la emisión de dicha opinión.
Al mismo tiempo, la iniciativa propone que en los casos específicos de concesiones en materia de caminos, puentes y autotransporte federal, y del servicio ferroviario, “los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía deberán considerarse dentro de los costos totales del proyecto de que se trata”.
“Este planteamiento tiene un doble propósito ya que, por una parte, permite evaluar integralmente todos los costos en un proyecto y, por otra, evita inconsistencias en cuanto a la definición y erogación de los recursos públicos que, en su caso, se destinen al propio proyecto para obtener el derecho de vía”, argumenta.
Por tanto, la misma iniciativa “permitirá al gobierno federal contar con bases legales para fomentar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, pues estos habrán sido opinados favorablemente respecto de su viabilidad financiera, lo que reduce los riesgos económicos tanto para los particulares como para el Estado”.
Hacienda tendrá también la última palabra en la determinación de las contrapresiones a cargo de los concesionarios, ya que las concesiones “implican el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación, o la prestación de servicios públicos, por lo que dichos bienes y servicios tienen un valor económico respecto del cual el Estado tiene derecho a recibir una contraprestación, en términos de lo que establecen las disposiciones jurídicas aplicables”.
Para determinar el pago de la contraprestación, la Secretaría de Hacienda tendrá facultades no sólo para evaluar el proyecto sino para vigilar y evaluar a los distintos participantes.
El decreto de reforma que deberá ser aprobado por el Congreso adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el artículo 23 Bis de la Ley de Puertos, el 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, y el 8 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
